martes, 13 de febrero de 2018

Hay corrupción en el FEDA?

En el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) se podrían estar cometiendo actos reñidos con las buenas costumbres de la administración pública, de acuerdo a denuncias y documentos enviados a este medio digital.

Su director ejecutivo, ingeniero José Casimiro Ramos, aprobó un desembolso de más de cuatro millones 200 mil pesos para el viaje de cinco médicos veterinarios a España, quienes participarían en un “Diplomado de Cunicultura”, y que además supuestamente no trabajan en la institución.

Esto formaría parte de un acuerdo suscrito entre el Feda y  la Federación Dominicana de Criadores y Procesadores de Conejos (FEDOCPROCO), cuya presidenta Dairy Guante Castillo, tendría poderes especiales en la institución, cuya oficina está ubicada  en la tercera planta.

El monto prestado es No Reembolsable y estaría distribuido de la siguiente manera:

Estadía………………………………….3,569,670.00

Vuelos ida y vuelta…………………….267,570.00

Viáticos………………………….………..189,000.00

Alquiler de vehículos…………………199,800.00

Total……………………………………4,226,040.00

Los cinco técnicos beneficiados con el préstamo No Reembolsable son Yonathan Burgos Rosario, Julieta Scarlen Corporán Morillo, Joan Manuel Cabrera García, Fabio Bugue Alcántara y Romy Vette Jiménez.

LOS  PROYECTOS DEL PRESIDENTE  EN VEREMOS
De acuerdo a la fuente, los proyectos enviados por el Presidente Danilo Medina la mayoría estarían engavetados y sólo se estarían ejecutando los dispuestos por  su director ejecutivo.

“Aunque el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) debe desarrollar programas para el desarrollo de comunidades localizadas en toda la geografía nacional, en la actualidad tienen prioridad los proyectos de la provincia Monseñor Nouel de donde es oriundo su incumbente”, dijo.

Con esta información, este periódico digital no busca hacerle daño a ninguna gestión, sólo busca la verdad de los hechos y que todo sea aclarado, ya que todos los funcionarios manejan fondos públicos y por lo tanto están en la obligación de rendir cuenta de su labor institucional a la población.

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